Tras casi dos años de diligencias, una reapertura de la investigación y una acusación que involucra a 89 testigos, 21 peritos y 106 documentos, el caso contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llega este lunes a la audiencia de preparación de juicio oral. El Ministerio Público acusa a Monsalve como autor de los delitos de violación y abuso sexual, solicitando penas que suman 14 años y 2 días de presidio. Sin embargo, la defensa mantiene sus cuestionamientos al cierre de la investigación. Víctor Providel, defensor penal público de Manuel Monsalve, expresó su preocupación por las diligencias no realizadas durante la investigación, lo que, en su opinión, dejó antecedentes relevantes fuera de la causa. “Como la defensa no puede ordenar la recesión de diligencias, claramente sentimos que se ha roto la igualdad por el tiempo en el cual el Ministerio Público pudo haber hecho todas las diligencias sabiendo que existían esas pruebas y hoy día no las tenemos”, señaló. Desde la parte querellante, María Elena Santibáñez advirtió sobre la posible extensión de esta instancia y pidió evitar retrasos en el avance del caso. “Hay que pensar que está en una audiencia que probablemente va a ser larga. Evidentemente, esperamos que no se siga dilatando y que no se pidan suspensiones para que efectivamente se pueda realizar y vayamos avanzando prontamente hacia un juicio oral”, dijo. La Fiscalía asegura estar lista para continuar con el proceso. El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, descartó cualquier motivo para postergar la instancia, recordando que la investigación ya había sido reabierta a solicitud de la defensa. “No advertimos nosotros que exista alguna circunstancia que pueda postergar el desarrollo de dichas audiencias. Por eso presentamos la acusación”, explicó. Con esta audiencia, el tribunal deberá determinar qué parte de la extensa investigación podrá llegar finalmente al juicio oral y qué antecedentes quedarán excluidos. Fuente: BioBioChile
La Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el presunto ingreso irregular de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones. La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público está a cargo del caso, con el objetivo de determinar el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos a cargo y el financiamiento de los vuelos en los que arribaron al país. De acuerdo con información preliminar, los ingresos habrían tenido lugar entre enero y abril de 2025, aunque no se descarta la posibilidad de ampliar el periodo investigado. La cantidad inusual de menores que llegaron en un corto lapso, muchos acompañados por un mismo adulto responsable, generó sospechas. La pesquisa también se centra en posibles irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Entre las entidades requeridas para aportar información se encuentran el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones. Otro aspecto bajo escrutinio son los vuelos utilizados para transportar a los menores, que no serían comerciales sino chárter. Por ello, se investigarán las autorizaciones otorgadas y el origen de los fondos empleados para costear dichos traslados. En esta fase inicial, la Fiscalía está considerando posibles delitos como cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y trata de personas. Las diligencias buscan determinar si funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, pudieron haber facilitado el ingreso de los menores mediante acciones contrarias a sus obligaciones. Desde la Fiscalía se ha enfatizado que la prioridad es recopilar rápidamente toda la información disponible y localizar a los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esto se debe a la gravedad de las acusaciones presentadas y a la posible existencia de una organización detrás de estos ingresos. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Nacional respondió a la publicación de CIPER sobre informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) vinculados a investigaciones por lavado de activos, entre ellas causas relacionadas con el Tren de Aragua, y aseguró que los antecedentes sí fueron utilizados en procesos investigativos. En una declaración pública emitida este 9 de junio, el organismo señaló que los informes “fueron efectivamente recibidos” y que luego fueron “analizados” por las unidades especializadas competentes y posteriormente derivados a las fiscalías regionales correspondientes. La Fiscalía enfatizó que no es correcto sostener que la información no haya sido considerada, afirmando que “no resulta efectivo sostener que los antecedentes remitidos por la UAF no hayan sido objeto de análisis o que no hayan generado actuaciones investigativas”. Según el comunicado, estos reportes contribuyeron a investigaciones que derivaron en operativos contra el crimen organizado, entre ellos el “Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua” realizado en 2025, que dejó más de 50 detenidos y el congelamiento de más de 350 cuentas y criptoactivos. El Ministerio Público también aclaró que la recepción de estos informes en la Fiscalía Nacional no implica su tramitación directa. En ese sentido, indicó que “la recepción de un informe por parte de la Fiscalía Nacional no implica que su tramitación quede radicada en dicha instancia”. Finalmente, la institución destacó que el sistema funciona mediante unidades especializadas y fiscalías regionales, y que se han reforzado los mecanismos de coordinación con la UAF para investigaciones de lavado de activos. Fuente: ADN Radio Nacional
Tras casi dos años de diligencias, una reapertura de la investigación y una acusación que involucra a 89 testigos, 21 peritos y 106 documentos, el caso contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, llega este lunes a la audiencia de preparación de juicio oral. El Ministerio Público acusa a Monsalve como autor de los delitos de violación y abuso sexual, solicitando penas que suman 14 años y 2 días de presidio. Sin embargo, la defensa mantiene sus cuestionamientos al cierre de la investigación. Víctor Providel, defensor penal público de Manuel Monsalve, expresó su preocupación por las diligencias no realizadas durante la investigación, lo que, en su opinión, dejó antecedentes relevantes fuera de la causa. “Como la defensa no puede ordenar la recesión de diligencias, claramente sentimos que se ha roto la igualdad por el tiempo en el cual el Ministerio Público pudo haber hecho todas las diligencias sabiendo que existían esas pruebas y hoy día no las tenemos”, señaló. Desde la parte querellante, María Elena Santibáñez advirtió sobre la posible extensión de esta instancia y pidió evitar retrasos en el avance del caso. “Hay que pensar que está en una audiencia que probablemente va a ser larga. Evidentemente, esperamos que no se siga dilatando y que no se pidan suspensiones para que efectivamente se pueda realizar y vayamos avanzando prontamente hacia un juicio oral”, dijo. La Fiscalía asegura estar lista para continuar con el proceso. El fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, descartó cualquier motivo para postergar la instancia, recordando que la investigación ya había sido reabierta a solicitud de la defensa. “No advertimos nosotros que exista alguna circunstancia que pueda postergar el desarrollo de dichas audiencias. Por eso presentamos la acusación”, explicó. Con esta audiencia, el tribunal deberá determinar qué parte de la extensa investigación podrá llegar finalmente al juicio oral y qué antecedentes quedarán excluidos. Fuente: BioBioChile
La Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el presunto ingreso irregular de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones. La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público está a cargo del caso, con el objetivo de determinar el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos a cargo y el financiamiento de los vuelos en los que arribaron al país. De acuerdo con información preliminar, los ingresos habrían tenido lugar entre enero y abril de 2025, aunque no se descarta la posibilidad de ampliar el periodo investigado. La cantidad inusual de menores que llegaron en un corto lapso, muchos acompañados por un mismo adulto responsable, generó sospechas. La pesquisa también se centra en posibles irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Entre las entidades requeridas para aportar información se encuentran el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones. Otro aspecto bajo escrutinio son los vuelos utilizados para transportar a los menores, que no serían comerciales sino chárter. Por ello, se investigarán las autorizaciones otorgadas y el origen de los fondos empleados para costear dichos traslados. En esta fase inicial, la Fiscalía está considerando posibles delitos como cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y trata de personas. Las diligencias buscan determinar si funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, pudieron haber facilitado el ingreso de los menores mediante acciones contrarias a sus obligaciones. Desde la Fiscalía se ha enfatizado que la prioridad es recopilar rápidamente toda la información disponible y localizar a los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esto se debe a la gravedad de las acusaciones presentadas y a la posible existencia de una organización detrás de estos ingresos. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Nacional respondió a la publicación de CIPER sobre informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) vinculados a investigaciones por lavado de activos, entre ellas causas relacionadas con el Tren de Aragua, y aseguró que los antecedentes sí fueron utilizados en procesos investigativos. En una declaración pública emitida este 9 de junio, el organismo señaló que los informes “fueron efectivamente recibidos” y que luego fueron “analizados” por las unidades especializadas competentes y posteriormente derivados a las fiscalías regionales correspondientes. La Fiscalía enfatizó que no es correcto sostener que la información no haya sido considerada, afirmando que “no resulta efectivo sostener que los antecedentes remitidos por la UAF no hayan sido objeto de análisis o que no hayan generado actuaciones investigativas”. Según el comunicado, estos reportes contribuyeron a investigaciones que derivaron en operativos contra el crimen organizado, entre ellos el “Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua” realizado en 2025, que dejó más de 50 detenidos y el congelamiento de más de 350 cuentas y criptoactivos. El Ministerio Público también aclaró que la recepción de estos informes en la Fiscalía Nacional no implica su tramitación directa. En ese sentido, indicó que “la recepción de un informe por parte de la Fiscalía Nacional no implica que su tramitación quede radicada en dicha instancia”. Finalmente, la institución destacó que el sistema funciona mediante unidades especializadas y fiscalías regionales, y que se han reforzado los mecanismos de coordinación con la UAF para investigaciones de lavado de activos. Fuente: ADN Radio Nacional
