La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado que un total de 322 municipalidades en Colombia han otorgado de manera irregular 146.469 permisos de circulación a vehículos con multas impagas entre los años 2022 y 2025, violando la normativa vigente. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°23, un informe que analizó los permisos concedidos por las 345 municipalidades del país, contrastando la información con el Registro de Multas de Tránsito no Pagadas y el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago. De acuerdo con la legislación actual, los vehículos con multas pendientes no pueden renovar su permiso de circulación sin regularizar su situación. Sin embargo, la CGR ha constatado que el 93% de los municipios incumplieron esta normativa. Entre las municipalidades con más renovaciones irregulares se encuentran Santiago, con 7.356 casos; Estación Central, con 6.924; Providencia, con 5.727; Maipú, con 5.124; y Ñuñoa, con 3.920 permisos otorgados a pesar de tener infracciones pendientes. El informe también destaca casos llamativos como el de Quilicura, donde un vehículo renovó su permiso a pesar de tener 240 multas vigentes, o en Santiago donde se detectó un automóvil con 149 infracciones al momento del trámite. Situaciones similares se presentaron en Estación Central (127 multas), Las Condes (124) y Concepción (109). Además, la Contraloría ha advertido posibles conflictos de interés al identificar 1.172 renovaciones concedidas a funcionarios municipales con multas impagas y otros 7.378 casos correspondientes a familiares de empleados municipales. Por otro lado, se han encontrado 497 permisos de circulación entregados irregularmente a personas registradas como infractoras del Transantiago, a pesar de que la ley prohíbe este trámite. Santiago lidera esta lista con 57 casos, seguido por Maipú (49), Renca (31), La Florida (22) y La Pintana (22). Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha ordenado a las municipalidades involucradas iniciar sumarios administrativos para determinar posibles responsabilidades. Asimismo, ha remitido los antecedentes al Ministerio Público en aquellos casos donde podrían existir indicios de delitos. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, respaldó las modificaciones propuestas por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, con el objetivo de ampliar el acceso al beneficio y eliminar el límite actual de 20 trabajadoras por empresa. En una entrevista con Radio Infinita, Rau explicó que la propuesta implica una cotización del 0,35% a cargo del empleador para financiar un nuevo Fondo de Sala Cuna, administrado por el IPS. Además, señaló que esta contribución será compensada con una reducción equivalente en las cotizaciones al seguro de cesantía, con el fin de evitar que se convierta en una carga adicional para las empresas. En sus palabras, no podemos seguir aumentando los costos laborales. Según detalló el ministro, la cotización del 0,35% destinada al Fondo de Sala Cuna se verá reflejada en una disminución correspondiente en el seguro de cesantía. Esta reducción se distribuirá en 0,2 puntos porcentuales menos para las cuentas individuales y 0,15 puntos menos para el Fondo de Cesantía Solidario. Rau reconoció que este ajuste podría impactar las cuentas individuales de los trabajadores, estimando una reducción cercana al 7%. Sin embargo, enfatizó que esto no es un retiro de fondos, es una reducción en la cotización. El ministro aseguró que el sistema contará con respaldo fiscal, incluyendo un aporte inicial del Estado y una garantía en caso de insuficiencia de recursos en el fondo. Si faltan recursos, el Estado va a complementar el fondo, afirmó. En cuanto al proceso legislativo, Rau valoró el apoyo transversal al proyecto y destacó que la propuesta no parte desde cero, sino que incorpora elementos de administraciones anteriores. Siempre dijimos que íbamos a construir sobre lo avanzado. Acá no se trataba de borrar todo y partir de cero, subrayó. La discusión continuará ahora en el Congreso, donde el Ejecutivo buscará avanzar en una reforma que amplíe la cobertura de sala cuna sin aumentar los costos laborales. Fuente: ADN Radio Nacional
Autoridades nacionales llevaron a cabo la destrucción del puente clandestino descubierto sobre la zanja fronteriza en el sector norte de Colchane, en la región de Tarapacá. La estructura, que se hizo viral en las últimas horas, fue detectada a unos 5.600 metros al norte del pueblo de Colchane. Este hallazgo encendió las alertas, ya que su instalación habría requerido planificación y eventual uso de maquinaria pesada, lo que puso nuevamente en tela de juicio la capacidad operativa de redes de crimen organizado en la frontera norte. El comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto Valenzuela, informó que las labores comenzaron durante la mañana y finalizaron poco después, con apoyo de equipos del Ministerio de Obras Públicas y monitoreo del personal del Ejército. “El día de hoy aproximadamente a las 9:00 de la mañana se iniciaron los trabajos de destrucción del vado que había sido construido en la zanja fronteriza, aproximadamente a 5.600 metros al norte del pueblo de Colchane”, explicó la autoridad. Soto también mencionó que en el procedimiento “participó maquinaria del Ministerio de Obras Públicas, monitoreado todo esto por personal del Ejército”. Según detalló, los trabajos no solo apuntaron a eliminar la estructura, sino también a intervenir los accesos que permitían su utilización. “El trabajo se completó aproximadamente a las 10:30 horas, donde se reparó el vado y además los sectores de acceso que hacían posible construir un vado en ese sector”, precisó. El comisionado aseguró que el procedimiento terminó dentro de los plazos previstos y que la zona quedó habilitada nuevamente bajo condiciones normales. “Simplemente expresar que es un trabajo que terminó rápidamente de acuerdo a lo establecido y al día de hoy el sector se encuentra normalizado”, afirmó. La demolición del puente clandestino se produce en medio del debate por el control fronterizo, el resguardo de pasos no habilitados y las medidas para enfrentar el ingreso irregular y las operaciones de bandas organizadas en el norte del país. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el presunto ingreso irregular de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones. La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público está a cargo del caso, con el objetivo de determinar el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos a cargo y el financiamiento de los vuelos en los que arribaron al país. De acuerdo con información preliminar, los ingresos habrían tenido lugar entre enero y abril de 2025, aunque no se descarta la posibilidad de ampliar el periodo investigado. La cantidad inusual de menores que llegaron en un corto lapso, muchos acompañados por un mismo adulto responsable, generó sospechas. La pesquisa también se centra en posibles irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Entre las entidades requeridas para aportar información se encuentran el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones. Otro aspecto bajo escrutinio son los vuelos utilizados para transportar a los menores, que no serían comerciales sino chárter. Por ello, se investigarán las autorizaciones otorgadas y el origen de los fondos empleados para costear dichos traslados. En esta fase inicial, la Fiscalía está considerando posibles delitos como cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y trata de personas. Las diligencias buscan determinar si funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, pudieron haber facilitado el ingreso de los menores mediante acciones contrarias a sus obligaciones. Desde la Fiscalía se ha enfatizado que la prioridad es recopilar rápidamente toda la información disponible y localizar a los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esto se debe a la gravedad de las acusaciones presentadas y a la posible existencia de una organización detrás de estos ingresos. Fuente: ADN Radio Nacional
La discusión en torno al futuro del Crédito con Aval del Estado (CAE) sigue siendo tema de debate en Chile. En esta ocasión, una reciente encuesta realizada por Plaza Pública Cadem reveló que la mayoría de los consultados respalda las medidas de cobro propuestas por la Tesorería General de la República (TGR) contra aquellos que no han saldado sus deudas a pesar de tener altos ingresos mensuales. De acuerdo con el sondeo, un 54% de los encuestados está a favor de que la TGR embargue las cuentas bancarias de los deudores del CAE que ganan más de $3,5 millones al mes. Por otro lado, un 41% expresó su desacuerdo con este tipo de acciones. Los resultados también reflejan una postura mayoritaria a favor del pago de las deudas. Un 53% considera que los beneficiarios del crédito deben cumplir con sus obligaciones, ya que recibieron apoyo estatal para financiar sus estudios superiores. En contraste, un 43% opina que debería haber una condonación total o parcial debido a las críticas históricas hacia el sistema. El respaldo ciudadano se extiende a otras medidas para recuperar recursos. Un 79% está a favor de que el Estado ofrezca acuerdos de pago para los deudores con mayores ingresos, mientras que un 70% apoya la posibilidad de cobrar las obligaciones pendientes a través de procesos judiciales o administrativos. Uno de los puntos sensibles abordados por la encuesta fue el impacto de la promesa electoral hecha por el Presidente Gabriel Boric durante la campaña presidencial de 2021, donde planteó la opción de condonar la deuda del CAE. Frente a la afirmación de que muchas personas dejaron de pagar el crédito esperando que se cumpliera dicha promesa, un 67% estuvo de acuerdo, mientras que un 27% lo rechazó. Estos resultados surgen en medio del debate sobre la reforma en el financiamiento de la educación superior y el futuro de los miles de personas endeudadas con el Estado, una discusión que continúa generando divisiones tanto en el ámbito político como entre la ciudadanía. Fuente: Publimetro
La Contraloría General de la República (CGR) ha revelado que un total de 322 municipalidades en Colombia han otorgado de manera irregular 146.469 permisos de circulación a vehículos con multas impagas entre los años 2022 y 2025, violando la normativa vigente. Estos hallazgos se desprenden del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°23, un informe que analizó los permisos concedidos por las 345 municipalidades del país, contrastando la información con el Registro de Multas de Tránsito no Pagadas y el Registro de Pasajeros Infractores del Transantiago. De acuerdo con la legislación actual, los vehículos con multas pendientes no pueden renovar su permiso de circulación sin regularizar su situación. Sin embargo, la CGR ha constatado que el 93% de los municipios incumplieron esta normativa. Entre las municipalidades con más renovaciones irregulares se encuentran Santiago, con 7.356 casos; Estación Central, con 6.924; Providencia, con 5.727; Maipú, con 5.124; y Ñuñoa, con 3.920 permisos otorgados a pesar de tener infracciones pendientes. El informe también destaca casos llamativos como el de Quilicura, donde un vehículo renovó su permiso a pesar de tener 240 multas vigentes, o en Santiago donde se detectó un automóvil con 149 infracciones al momento del trámite. Situaciones similares se presentaron en Estación Central (127 multas), Las Condes (124) y Concepción (109). Además, la Contraloría ha advertido posibles conflictos de interés al identificar 1.172 renovaciones concedidas a funcionarios municipales con multas impagas y otros 7.378 casos correspondientes a familiares de empleados municipales. Por otro lado, se han encontrado 497 permisos de circulación entregados irregularmente a personas registradas como infractoras del Transantiago, a pesar de que la ley prohíbe este trámite. Santiago lidera esta lista con 57 casos, seguido por Maipú (49), Renca (31), La Florida (22) y La Pintana (22). Frente a estos descubrimientos, la Contraloría ha ordenado a las municipalidades involucradas iniciar sumarios administrativos para determinar posibles responsabilidades. Asimismo, ha remitido los antecedentes al Ministerio Público en aquellos casos donde podrían existir indicios de delitos. Fuente: ADN Radio Nacional
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, respaldó las modificaciones propuestas por el Gobierno al proyecto de Sala Cuna Universal, con el objetivo de ampliar el acceso al beneficio y eliminar el límite actual de 20 trabajadoras por empresa. En una entrevista con Radio Infinita, Rau explicó que la propuesta implica una cotización del 0,35% a cargo del empleador para financiar un nuevo Fondo de Sala Cuna, administrado por el IPS. Además, señaló que esta contribución será compensada con una reducción equivalente en las cotizaciones al seguro de cesantía, con el fin de evitar que se convierta en una carga adicional para las empresas. En sus palabras, no podemos seguir aumentando los costos laborales. Según detalló el ministro, la cotización del 0,35% destinada al Fondo de Sala Cuna se verá reflejada en una disminución correspondiente en el seguro de cesantía. Esta reducción se distribuirá en 0,2 puntos porcentuales menos para las cuentas individuales y 0,15 puntos menos para el Fondo de Cesantía Solidario. Rau reconoció que este ajuste podría impactar las cuentas individuales de los trabajadores, estimando una reducción cercana al 7%. Sin embargo, enfatizó que esto no es un retiro de fondos, es una reducción en la cotización. El ministro aseguró que el sistema contará con respaldo fiscal, incluyendo un aporte inicial del Estado y una garantía en caso de insuficiencia de recursos en el fondo. Si faltan recursos, el Estado va a complementar el fondo, afirmó. En cuanto al proceso legislativo, Rau valoró el apoyo transversal al proyecto y destacó que la propuesta no parte desde cero, sino que incorpora elementos de administraciones anteriores. Siempre dijimos que íbamos a construir sobre lo avanzado. Acá no se trataba de borrar todo y partir de cero, subrayó. La discusión continuará ahora en el Congreso, donde el Ejecutivo buscará avanzar en una reforma que amplíe la cobertura de sala cuna sin aumentar los costos laborales. Fuente: ADN Radio Nacional
Autoridades nacionales llevaron a cabo la destrucción del puente clandestino descubierto sobre la zanja fronteriza en el sector norte de Colchane, en la región de Tarapacá. La estructura, que se hizo viral en las últimas horas, fue detectada a unos 5.600 metros al norte del pueblo de Colchane. Este hallazgo encendió las alertas, ya que su instalación habría requerido planificación y eventual uso de maquinaria pesada, lo que puso nuevamente en tela de juicio la capacidad operativa de redes de crimen organizado en la frontera norte. El comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto Valenzuela, informó que las labores comenzaron durante la mañana y finalizaron poco después, con apoyo de equipos del Ministerio de Obras Públicas y monitoreo del personal del Ejército. “El día de hoy aproximadamente a las 9:00 de la mañana se iniciaron los trabajos de destrucción del vado que había sido construido en la zanja fronteriza, aproximadamente a 5.600 metros al norte del pueblo de Colchane”, explicó la autoridad. Soto también mencionó que en el procedimiento “participó maquinaria del Ministerio de Obras Públicas, monitoreado todo esto por personal del Ejército”. Según detalló, los trabajos no solo apuntaron a eliminar la estructura, sino también a intervenir los accesos que permitían su utilización. “El trabajo se completó aproximadamente a las 10:30 horas, donde se reparó el vado y además los sectores de acceso que hacían posible construir un vado en ese sector”, precisó. El comisionado aseguró que el procedimiento terminó dentro de los plazos previstos y que la zona quedó habilitada nuevamente bajo condiciones normales. “Simplemente expresar que es un trabajo que terminó rápidamente de acuerdo a lo establecido y al día de hoy el sector se encuentra normalizado”, afirmó. La demolición del puente clandestino se produce en medio del debate por el control fronterizo, el resguardo de pasos no habilitados y las medidas para enfrentar el ingreso irregular y las operaciones de bandas organizadas en el norte del país. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el presunto ingreso irregular de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones. La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público está a cargo del caso, con el objetivo de determinar el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos a cargo y el financiamiento de los vuelos en los que arribaron al país. De acuerdo con información preliminar, los ingresos habrían tenido lugar entre enero y abril de 2025, aunque no se descarta la posibilidad de ampliar el periodo investigado. La cantidad inusual de menores que llegaron en un corto lapso, muchos acompañados por un mismo adulto responsable, generó sospechas. La pesquisa también se centra en posibles irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Entre las entidades requeridas para aportar información se encuentran el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones. Otro aspecto bajo escrutinio son los vuelos utilizados para transportar a los menores, que no serían comerciales sino chárter. Por ello, se investigarán las autorizaciones otorgadas y el origen de los fondos empleados para costear dichos traslados. En esta fase inicial, la Fiscalía está considerando posibles delitos como cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y trata de personas. Las diligencias buscan determinar si funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, pudieron haber facilitado el ingreso de los menores mediante acciones contrarias a sus obligaciones. Desde la Fiscalía se ha enfatizado que la prioridad es recopilar rápidamente toda la información disponible y localizar a los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esto se debe a la gravedad de las acusaciones presentadas y a la posible existencia de una organización detrás de estos ingresos. Fuente: ADN Radio Nacional
La discusión en torno al futuro del Crédito con Aval del Estado (CAE) sigue siendo tema de debate en Chile. En esta ocasión, una reciente encuesta realizada por Plaza Pública Cadem reveló que la mayoría de los consultados respalda las medidas de cobro propuestas por la Tesorería General de la República (TGR) contra aquellos que no han saldado sus deudas a pesar de tener altos ingresos mensuales. De acuerdo con el sondeo, un 54% de los encuestados está a favor de que la TGR embargue las cuentas bancarias de los deudores del CAE que ganan más de $3,5 millones al mes. Por otro lado, un 41% expresó su desacuerdo con este tipo de acciones. Los resultados también reflejan una postura mayoritaria a favor del pago de las deudas. Un 53% considera que los beneficiarios del crédito deben cumplir con sus obligaciones, ya que recibieron apoyo estatal para financiar sus estudios superiores. En contraste, un 43% opina que debería haber una condonación total o parcial debido a las críticas históricas hacia el sistema. El respaldo ciudadano se extiende a otras medidas para recuperar recursos. Un 79% está a favor de que el Estado ofrezca acuerdos de pago para los deudores con mayores ingresos, mientras que un 70% apoya la posibilidad de cobrar las obligaciones pendientes a través de procesos judiciales o administrativos. Uno de los puntos sensibles abordados por la encuesta fue el impacto de la promesa electoral hecha por el Presidente Gabriel Boric durante la campaña presidencial de 2021, donde planteó la opción de condonar la deuda del CAE. Frente a la afirmación de que muchas personas dejaron de pagar el crédito esperando que se cumpliera dicha promesa, un 67% estuvo de acuerdo, mientras que un 27% lo rechazó. Estos resultados surgen en medio del debate sobre la reforma en el financiamiento de la educación superior y el futuro de los miles de personas endeudadas con el Estado, una discusión que continúa generando divisiones tanto en el ámbito político como entre la ciudadanía. Fuente: Publimetro
