Un millonario fraude al sistema de salud pública quedó al descubierto tras la detención de seis médicos extranjeros, todos con situación migratoria regular, y un séptimo imputado que no ejerce la medicina, acusados de integrar una red dedicada a la emisión de licencias médicas fraudulentas que provocó un perjuicio cercano a los $21 mil millones a Fonasa. Según informó la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, la organización creó al menos tres supuestos centros médicos que, en la práctica, no existían físicamente. Estas entidades funcionaban como empresas de fachada para justificar la emisión de licencias médicas electrónicas sin respaldo clínico real. “El mecanismo consistía en la constitución de sociedades y centros médicos que servían de soporte jurídico para emitir licencias fraudulentas. No había un lugar físico donde se desarrollaran atenciones médicas”, explicó el fiscal Álvaro Pérez. Agregó que médicos extranjeros eran incorporados a estos centros y enrolados en los sistemas electrónicos para emitir licencias sin fundamento médico. De acuerdo con los antecedentes, un médico puede emitir en promedio cerca de 170 licencias médicas al año. Sin embargo, en este caso se detectó que algunos profesionales superaban las 700 licencias en un par de años, lo que encendió las alertas de los organismos fiscalizadores. Cerca del 90% de las licencias correspondían a diagnósticos de carácter psiquiátrico, una modalidad que facilitaba la extensión de reposos prolongados. Entre los beneficiarios figuraban funcionarios públicos de diversas reparticiones estatales y municipales, algunos de los cuales habrían utilizado las licencias para viajar al extranjero o asistir a casinos de juego. Durante el operativo, uno de los médicos intentó salir del país para eludir la acción de la justicia, pero fue detenido antes de concretar su fuga. En total, aún restan tres personas por capturar. La Fiscalía solicitó audiencia de formalización para los detenidos, instancia en la que se detallarán los delitos imputados y las penas que arriesgan. Además, no se descarta la existencia de otros involucrados, ya que se investiga si hubo contactos destinados a captar a los supuestos “pacientes” que accedían a las licencias irregulares. Fuente: ADN Radio Nacional
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella criminal contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile, así como contra un grupo significativo de particulares, por delitos de cohecho y soborno, en el marco de la investigación conocida como “Operación Apocalipsis” liderada por el Ministerio Público. La acción judicial, presentada ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, también apunta contra 35 particulares por el delito de soborno, sumando un total de 77 imputados involucrados en una serie de ilícitos relacionados con corrupción y criminalidad organizada en recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. Según la querella del CDE, en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, se estableció un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería. Estos habrían solicitado, aceptado o recibido prestaciones económicas y beneficios para permitir el ingreso de personas no autorizadas como visitantes. Además, se señala que estas acciones facilitaron la introducción y circulación de artículos ilícitos dentro de los recintos penitenciarios, como celulares y drogas, mediante actuaciones coordinadas entre particulares internos y externos privados de libertad, junto con los funcionarios públicos implicados. La querella criminal interpuesta busca esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia para responder por sus acciones en este entramado de corrupción que ha afectado la integridad y seguridad en los centros penitenciarios mencionados. Fuente: CNN Chile País
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha confirmado que sus servidores fueron objeto de un ataque cibernético, lo que resultó en la caída temporal de su sitio web oficial y varias plataformas internas, llevando a la suspensión preventiva de varios servicios digitales. De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, el incidente fue descubierto durante el fin de semana, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y la formación de un Comité de Crisis. La prioridad fue proteger la operación del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), considerado crucial para la seguridad pública. En este sentido, Sernageomin aseguró que la vigilancia volcánica sigue operando con normalidad en todo el país, recibiendo información en tiempo real de los diferentes volcanes y manteniendo una coordinación constante con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Por lo tanto, se descartó cualquier riesgo relacionado con la vigilancia volcánica debido al ataque informático. En el ámbito minero, la Subdirección Nacional de Minería, en conjunto con las direcciones regionales del servicio, ha implementado medidas alternativas para continuar con los trámites y procesos administrativos. Entre estas medidas se incluye el establecimiento de canales directos de comunicación con empresas del sector y el refuerzo de la atención presencial en las oficinas OIRS regionales. Además, para las solicitudes de Atenciones Técnicas Geológicas (ATG), principalmente relacionadas con permisos municipales, se ha habilitado una plataforma externa mientras se restablecen los sistemas internos. Al mismo tiempo, el ataque fue reportado a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), con la cual Sernageomin está colaborando estrechamente para hacer frente a la situación. También se ha intensificado la cooperación con Senapred y se ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras se prepara una querella criminal para determinar responsabilidades penales. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno de Chile anunció este viernes la declaración de Duelo Oficial en la Región Metropolitana tras la muerte de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que perdió la vida mientras combatía un incendio estructural en la comuna de Santiago. Fue durante el jueves 18 de diciembre, cerca de las 17:30 horas, que ocurrió este trágico hecho en la intersección de Avenida España y Domeyko, donde se trabajaba en una tercera alarma de incendio con la participación de al menos 13 compañías. Ahí se produjo un derrumbe estructural —aparentemente en un inmueble tipo cité— que dejó atrapados a tres voluntarios entre los escombros. El hombre de 36 años, quien se desempeñaba como Ayudante Primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad”, fue rescatado en estado crítico y trasladado a la Mutual de Seguridad. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento, convirtiéndose en mártir de la institución. Paul Valenzuela era casado y padre de familia, con ocho años de servicio desde su ingreso en junio de 2017, destacando por su “compromiso, vocación y entrega a la comunidad”. Y ante este trágico deceso, el Ejecutivo informó: “Ante un evento que conmociona tanto a Bomberos como a las chilenas y chilenos, el Gobierno de Chile adhiere al sentimiento de pesar. “Y para honrar el legado de servicio que deja la valiosa labor de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha instruido decretar Duelo Oficial en la Región Metropolitana para este viernes 19 de diciembre“, añadió. Además, desde la administración actual, también señalaron que “expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y a todos los voluntarios y voluntarias de Bomberos de Chile. Reconocemos su invaluable labor al servicio de la comunidad, motivo de profundo orgullo para toda la nación”. Por su parte, el presidente Boric escribió: “En este difícil momento, reitero mis condolencias y cariño a la familia, amigos y compañeros de Paul”. Fuente: ADN Radio Nacional
Distintas bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo sancionar penalmente las denuncias falsas por delitos sexuales, estableciendo penas de presidio menor, multas económicas y mecanismos de reparación para quienes resulten injustamente afectados. Este proyecto propone tipificar de manera expresa la denuncia falsa, eliminando la exigencia de acreditar el dolo inicial, de modo que la sola declaración judicial de falsedad permita aplicar sanciones penales. En el Congreso, el actor Cristián Campos, quien fue sobreseído este año, expresó su experiencia al ser acusado injustamente: “una vez que tú eres absuelto te das cuenta de que no tienes carrera, que no tienes familia, que no tienes amigos, que estás cancelado”. Además, señaló que “la persona que te acusó, que se demostró que la acusación era falsa, queda totalmente impune”. Campos también hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia y a reflexionar sobre la cancelación social. Por otro lado, el diputado Johannes Kaiser afirmó que “no es aceptable partir de la presunción de culpabilidad del acusado sin exigir responsabilidad a quien provoca un daño permanente mediante una denuncia falsa”. Kaiser recalcó que el proyecto “no enfrenta a hombres contra mujeres” y busca sancionar la mala fe sin afectar el derecho a denunciar hechos reales. Fuente: ADN Radio Nacional
Un millonario fraude al sistema de salud pública quedó al descubierto tras la detención de seis médicos extranjeros, todos con situación migratoria regular, y un séptimo imputado que no ejerce la medicina, acusados de integrar una red dedicada a la emisión de licencias médicas fraudulentas que provocó un perjuicio cercano a los $21 mil millones a Fonasa. Según informó la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, la organización creó al menos tres supuestos centros médicos que, en la práctica, no existían físicamente. Estas entidades funcionaban como empresas de fachada para justificar la emisión de licencias médicas electrónicas sin respaldo clínico real. “El mecanismo consistía en la constitución de sociedades y centros médicos que servían de soporte jurídico para emitir licencias fraudulentas. No había un lugar físico donde se desarrollaran atenciones médicas”, explicó el fiscal Álvaro Pérez. Agregó que médicos extranjeros eran incorporados a estos centros y enrolados en los sistemas electrónicos para emitir licencias sin fundamento médico. De acuerdo con los antecedentes, un médico puede emitir en promedio cerca de 170 licencias médicas al año. Sin embargo, en este caso se detectó que algunos profesionales superaban las 700 licencias en un par de años, lo que encendió las alertas de los organismos fiscalizadores. Cerca del 90% de las licencias correspondían a diagnósticos de carácter psiquiátrico, una modalidad que facilitaba la extensión de reposos prolongados. Entre los beneficiarios figuraban funcionarios públicos de diversas reparticiones estatales y municipales, algunos de los cuales habrían utilizado las licencias para viajar al extranjero o asistir a casinos de juego. Durante el operativo, uno de los médicos intentó salir del país para eludir la acción de la justicia, pero fue detenido antes de concretar su fuga. En total, aún restan tres personas por capturar. La Fiscalía solicitó audiencia de formalización para los detenidos, instancia en la que se detallarán los delitos imputados y las penas que arriesgan. Además, no se descarta la existencia de otros involucrados, ya que se investiga si hubo contactos destinados a captar a los supuestos “pacientes” que accedían a las licencias irregulares. Fuente: ADN Radio Nacional
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella criminal contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile, así como contra un grupo significativo de particulares, por delitos de cohecho y soborno, en el marco de la investigación conocida como “Operación Apocalipsis” liderada por el Ministerio Público. La acción judicial, presentada ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, también apunta contra 35 particulares por el delito de soborno, sumando un total de 77 imputados involucrados en una serie de ilícitos relacionados con corrupción y criminalidad organizada en recintos penitenciarios de la Región Metropolitana. Según la querella del CDE, en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Joaquín y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, se estableció un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería. Estos habrían solicitado, aceptado o recibido prestaciones económicas y beneficios para permitir el ingreso de personas no autorizadas como visitantes. Además, se señala que estas acciones facilitaron la introducción y circulación de artículos ilícitos dentro de los recintos penitenciarios, como celulares y drogas, mediante actuaciones coordinadas entre particulares internos y externos privados de libertad, junto con los funcionarios públicos implicados. La querella criminal interpuesta busca esclarecer estos hechos y llevar a los responsables ante la justicia para responder por sus acciones en este entramado de corrupción que ha afectado la integridad y seguridad en los centros penitenciarios mencionados. Fuente: CNN Chile País
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha confirmado que sus servidores fueron objeto de un ataque cibernético, lo que resultó en la caída temporal de su sitio web oficial y varias plataformas internas, llevando a la suspensión preventiva de varios servicios digitales. De acuerdo con el comunicado emitido por la institución, el incidente fue descubierto durante el fin de semana, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y la formación de un Comité de Crisis. La prioridad fue proteger la operación del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS), considerado crucial para la seguridad pública. En este sentido, Sernageomin aseguró que la vigilancia volcánica sigue operando con normalidad en todo el país, recibiendo información en tiempo real de los diferentes volcanes y manteniendo una coordinación constante con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Por lo tanto, se descartó cualquier riesgo relacionado con la vigilancia volcánica debido al ataque informático. En el ámbito minero, la Subdirección Nacional de Minería, en conjunto con las direcciones regionales del servicio, ha implementado medidas alternativas para continuar con los trámites y procesos administrativos. Entre estas medidas se incluye el establecimiento de canales directos de comunicación con empresas del sector y el refuerzo de la atención presencial en las oficinas OIRS regionales. Además, para las solicitudes de Atenciones Técnicas Geológicas (ATG), principalmente relacionadas con permisos municipales, se ha habilitado una plataforma externa mientras se restablecen los sistemas internos. Al mismo tiempo, el ataque fue reportado a la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), con la cual Sernageomin está colaborando estrechamente para hacer frente a la situación. También se ha intensificado la cooperación con Senapred y se ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público, mientras se prepara una querella criminal para determinar responsabilidades penales. Fuente: ADN Radio Nacional
El Gobierno de Chile anunció este viernes la declaración de Duelo Oficial en la Región Metropolitana tras la muerte de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, voluntario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que perdió la vida mientras combatía un incendio estructural en la comuna de Santiago. Fue durante el jueves 18 de diciembre, cerca de las 17:30 horas, que ocurrió este trágico hecho en la intersección de Avenida España y Domeyko, donde se trabajaba en una tercera alarma de incendio con la participación de al menos 13 compañías. Ahí se produjo un derrumbe estructural —aparentemente en un inmueble tipo cité— que dejó atrapados a tres voluntarios entre los escombros. El hombre de 36 años, quien se desempeñaba como Ayudante Primero de la Sexta Compañía “Salvadores y Guardia de Propiedad”, fue rescatado en estado crítico y trasladado a la Mutual de Seguridad. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento, convirtiéndose en mártir de la institución. Paul Valenzuela era casado y padre de familia, con ocho años de servicio desde su ingreso en junio de 2017, destacando por su “compromiso, vocación y entrega a la comunidad”. Y ante este trágico deceso, el Ejecutivo informó: “Ante un evento que conmociona tanto a Bomberos como a las chilenas y chilenos, el Gobierno de Chile adhiere al sentimiento de pesar. “Y para honrar el legado de servicio que deja la valiosa labor de Paul Cristoffer Valenzuela Muñoz, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha instruido decretar Duelo Oficial en la Región Metropolitana para este viernes 19 de diciembre“, añadió. Además, desde la administración actual, también señalaron que “expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y a todos los voluntarios y voluntarias de Bomberos de Chile. Reconocemos su invaluable labor al servicio de la comunidad, motivo de profundo orgullo para toda la nación”. Por su parte, el presidente Boric escribió: “En este difícil momento, reitero mis condolencias y cariño a la familia, amigos y compañeros de Paul”. Fuente: ADN Radio Nacional
Distintas bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo sancionar penalmente las denuncias falsas por delitos sexuales, estableciendo penas de presidio menor, multas económicas y mecanismos de reparación para quienes resulten injustamente afectados. Este proyecto propone tipificar de manera expresa la denuncia falsa, eliminando la exigencia de acreditar el dolo inicial, de modo que la sola declaración judicial de falsedad permita aplicar sanciones penales. En el Congreso, el actor Cristián Campos, quien fue sobreseído este año, expresó su experiencia al ser acusado injustamente: “una vez que tú eres absuelto te das cuenta de que no tienes carrera, que no tienes familia, que no tienes amigos, que estás cancelado”. Además, señaló que “la persona que te acusó, que se demostró que la acusación era falsa, queda totalmente impune”. Campos también hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia y a reflexionar sobre la cancelación social. Por otro lado, el diputado Johannes Kaiser afirmó que “no es aceptable partir de la presunción de culpabilidad del acusado sin exigir responsabilidad a quien provoca un daño permanente mediante una denuncia falsa”. Kaiser recalcó que el proyecto “no enfrenta a hombres contra mujeres” y busca sancionar la mala fe sin afectar el derecho a denunciar hechos reales. Fuente: ADN Radio Nacional
