La caída de los fondos de pensiones volvió a instalar la presión sobre las AFP en el Congreso, esta vez con propuestas concretas para compensar a los afiliados afectados. Además, distintos actores han recalcado que las advertencias sobre las apuestas de las administradoras -mediante el aumento de las inversiones en los swaps- no son nuevas. Banco Central advirtió desde 2024 por riesgos en inversiones de las AFP La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, reveló ante la Cámara de Diputados que alertaron desde mayo de 2024 sobre el creciente uso de derivados financieros por parte de las AFP, cuya exposición prácticamente se cuadruplicó hasta fines de 2025. Sin embargo, aclaró que sus facultades se limitan a resguardar la estabilidad financiera y que la regulación de estos instrumentos con fines de inversión corresponde a la Superintendencia de Pensiones. “Nuestro mercado local sí puede verse afectado frente a aumentos bruscos -en el uso de derivados- en poco tiempo. Ese fue el llamado que siempre hizo al Banco Central; contribuyó y entregó la información respectiva a las demás autoridades”, dijo Costa. Por otro lado, en una sesión especial del Senado, parlamentarios cuestionaron las decisiones de inversión de las administradoras, luego de que el fondo E acumulara pérdidas de un 10,4% entre enero y septiembre, mientras que el D retrocedió un 6,38%. Uno de los principales planteamientos fue utilizar los excedentes del encaje de las AFP para reparar las pérdidas, priorizando a pensionados y personas próximas a jubilarse. También surgieron propuestas para reforzar la regulación y sancionar una eventual administración temeraria de los ahorros previsionales. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció la preocupación por el impacto de estas pérdidas, pero enfatizó que se debe distinguir entre los riesgos propios del mercado y posibles actuaciones negligentes de las administradoras. En esa línea, recordó que la Superintendencia inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP y que el Gobierno evalúa nuevas medidas regulatorias, mientras la legislación contempla indemnizaciones si se acreditan incumplimientos. ”La protección de los ahorros previsionales de los trabajadores es una responsabilidad esencial del Estado. Debemos permitir que esta investigación avance con todo el rigor que corresponde. Como Gobierno, continuaremos siguiendo estrechamente esta situación, respetando las competencias del organismo fiscalizador”, subrayó la autoridad. A su vez, el superintendente de pensiones, Joaquín Cortés, confirmó que el organismo había advertido desde 2024 sobre los riesgos asociados al creciente uso de derivados financieros por parte de las AFP. “Hace tiempo, la Superintendencia venía manifestando su preocupación por el aumento en la exposición en derivados, se señaló amplificación de los riesgos e impacto para los afiliados”. En ese contexto, explicó que la investigación deberá determinar si las administradoras asumieron una exposición excesiva al riesgo. La restitución de los recursos sigue siendo una propuesta parlamentaria y no una medida acordada. Su eventual aplicación dependerá de las responsabilidades que establezca la investigación, mientras el Congreso mantiene abierta la discusión sobre cómo exigir que las administradoras respondan por eventuales perjuicios a los afiliados. Fuente: BioBioChile
La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado una resolución en la que solicita al Presidente de la República que elimine el uso del denominado lenguaje inclusivo en los distintos servicios públicos del país y promueva el uso de las normas tradicionales del idioma español en las comunicaciones oficiales del Estado. Según la propuesta, se insta al Ejecutivo a dar instrucciones a ministerios, subsecretarías y demás organismos públicos para dejar sin efecto aquellos actos administrativos que fomenten expresiones o fórmulas lingüísticas diferentes a las establecidas por las reglas gramaticales del castellano. Asimismo, se pide que se garantice el uso correcto del idioma en documentos, comunicaciones y actos oficiales. La resolución recibió el respaldo de 85 diputados, mientras que 53 votaron en contra, reflejando las diferencias de opinión que genera este tema en el Congreso. Los impulsores de la iniciativa argumentan que es fundamental que el Estado utilice un lenguaje claro, uniforme y acorde con las normas vigentes del español. Consideran que el uso de expresiones asociadas al lenguaje inclusivo podría generar confusión en documentos oficiales y afectar la comprensión adecuada de las comunicaciones públicas. Cabe destacar que esta resolución presentada por parlamentarios de oposición es una solicitud al Ejecutivo, por lo que no conlleva cambios automáticos ni crea obligaciones legales. La aprobación de este texto también ha generado reacciones por parte de organizaciones de la sociedad civil. Desde Fundación Iguales han cuestionado el tiempo destinado por el Congreso a debatir este asunto y han defendido la utilización de formas de expresión que permitan visibilizar a diversos grupos sociales. María José Cumplido, directora ejecutiva de la entidad, ha afirmado que el lenguaje evoluciona de manera natural y que el Estado no debería intervenir en la forma en que las personas deciden expresarse. Por otro lado, desde el Movilh han expresado su desacuerdo señalando que sin contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla. Fuente: Publimetro
La caída de los fondos de pensiones volvió a instalar la presión sobre las AFP en el Congreso, esta vez con propuestas concretas para compensar a los afiliados afectados. Además, distintos actores han recalcado que las advertencias sobre las apuestas de las administradoras -mediante el aumento de las inversiones en los swaps- no son nuevas. Banco Central advirtió desde 2024 por riesgos en inversiones de las AFP La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, reveló ante la Cámara de Diputados que alertaron desde mayo de 2024 sobre el creciente uso de derivados financieros por parte de las AFP, cuya exposición prácticamente se cuadruplicó hasta fines de 2025. Sin embargo, aclaró que sus facultades se limitan a resguardar la estabilidad financiera y que la regulación de estos instrumentos con fines de inversión corresponde a la Superintendencia de Pensiones. “Nuestro mercado local sí puede verse afectado frente a aumentos bruscos -en el uso de derivados- en poco tiempo. Ese fue el llamado que siempre hizo al Banco Central; contribuyó y entregó la información respectiva a las demás autoridades”, dijo Costa. Por otro lado, en una sesión especial del Senado, parlamentarios cuestionaron las decisiones de inversión de las administradoras, luego de que el fondo E acumulara pérdidas de un 10,4% entre enero y septiembre, mientras que el D retrocedió un 6,38%. Uno de los principales planteamientos fue utilizar los excedentes del encaje de las AFP para reparar las pérdidas, priorizando a pensionados y personas próximas a jubilarse. También surgieron propuestas para reforzar la regulación y sancionar una eventual administración temeraria de los ahorros previsionales. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, reconoció la preocupación por el impacto de estas pérdidas, pero enfatizó que se debe distinguir entre los riesgos propios del mercado y posibles actuaciones negligentes de las administradoras. En esa línea, recordó que la Superintendencia inició procedimientos sancionatorios contra las siete AFP y que el Gobierno evalúa nuevas medidas regulatorias, mientras la legislación contempla indemnizaciones si se acreditan incumplimientos. ”La protección de los ahorros previsionales de los trabajadores es una responsabilidad esencial del Estado. Debemos permitir que esta investigación avance con todo el rigor que corresponde. Como Gobierno, continuaremos siguiendo estrechamente esta situación, respetando las competencias del organismo fiscalizador”, subrayó la autoridad. A su vez, el superintendente de pensiones, Joaquín Cortés, confirmó que el organismo había advertido desde 2024 sobre los riesgos asociados al creciente uso de derivados financieros por parte de las AFP. “Hace tiempo, la Superintendencia venía manifestando su preocupación por el aumento en la exposición en derivados, se señaló amplificación de los riesgos e impacto para los afiliados”. En ese contexto, explicó que la investigación deberá determinar si las administradoras asumieron una exposición excesiva al riesgo. La restitución de los recursos sigue siendo una propuesta parlamentaria y no una medida acordada. Su eventual aplicación dependerá de las responsabilidades que establezca la investigación, mientras el Congreso mantiene abierta la discusión sobre cómo exigir que las administradoras respondan por eventuales perjuicios a los afiliados. Fuente: BioBioChile
La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado una resolución en la que solicita al Presidente de la República que elimine el uso del denominado lenguaje inclusivo en los distintos servicios públicos del país y promueva el uso de las normas tradicionales del idioma español en las comunicaciones oficiales del Estado. Según la propuesta, se insta al Ejecutivo a dar instrucciones a ministerios, subsecretarías y demás organismos públicos para dejar sin efecto aquellos actos administrativos que fomenten expresiones o fórmulas lingüísticas diferentes a las establecidas por las reglas gramaticales del castellano. Asimismo, se pide que se garantice el uso correcto del idioma en documentos, comunicaciones y actos oficiales. La resolución recibió el respaldo de 85 diputados, mientras que 53 votaron en contra, reflejando las diferencias de opinión que genera este tema en el Congreso. Los impulsores de la iniciativa argumentan que es fundamental que el Estado utilice un lenguaje claro, uniforme y acorde con las normas vigentes del español. Consideran que el uso de expresiones asociadas al lenguaje inclusivo podría generar confusión en documentos oficiales y afectar la comprensión adecuada de las comunicaciones públicas. Cabe destacar que esta resolución presentada por parlamentarios de oposición es una solicitud al Ejecutivo, por lo que no conlleva cambios automáticos ni crea obligaciones legales. La aprobación de este texto también ha generado reacciones por parte de organizaciones de la sociedad civil. Desde Fundación Iguales han cuestionado el tiempo destinado por el Congreso a debatir este asunto y han defendido la utilización de formas de expresión que permitan visibilizar a diversos grupos sociales. María José Cumplido, directora ejecutiva de la entidad, ha afirmado que el lenguaje evoluciona de manera natural y que el Estado no debería intervenir en la forma en que las personas deciden expresarse. Por otro lado, desde el Movilh han expresado su desacuerdo señalando que sin contar con una definición clara de lo que entienden por lenguaje inclusivo, la Cámara está enviando una pésima señal al intentar censurar formas de expresión que algunas personas utilizan para promover una comunicación más respetuosa con la diversidad social. El lenguaje no se impone por decreto ni desaparece por prohibición. En democracia corresponde garantizar la libertad de expresión, no restringirla. Fuente: Publimetro
