Tribunal decreta prisión preventiva para Daniel Jadue
El alcalde de Recoleta fue imputado por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal. La jueza Paulina Moya dictaminó su ingreso al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
Después de tres largas jornadas de formalización, este lunes se conocieron las medidas cautelares para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, imputado por varios delitos de corrupción cometidos en el contexto de la pandemia de Covid-19. A las 9:16 AM, la jueza Paulina Moya comenzó la lectura de su resolución en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.
En su declaración, la magistrada subrayó que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos y las leyes aplicables, sin considerar filiaciones ni ideologías políticas. Moya también señaló que esta fase del proceso es de formalización de cargos y no de juicio oral, por lo que el estándar de convicción requerido es menor.
Tras revisar los antecedentes presentados por la Fiscalía Centro Norte y los argumentos de la defensa, la jueza determinó que las medidas cautelares de menor intensidad eran insuficientes debido a la gravedad de los delitos y las penas asociadas. Así, decretó prisión preventiva para el alcalde Daniel Jadue, quien deberá ingresar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
José Muñoz Becerra, exencargado de ventas de Achifarp y posterior secretario ejecutivo de la misma, recibió la misma medida de prisión preventiva. Por su parte, el médico Eduardo Sendra, también funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno.
El miércoles pasado, la fiscal Giovanna Herrera inició su extensa acusación contra Jadue y otros siete imputados. Los cargos incluyen estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal. Estos presuntos delitos están relacionados con las compras realizadas por la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), de la cual Jadue era presidente del directorio. La empresa Best Quality, que no recibió la totalidad de los pagos, se querelló por estafa en 2020, iniciando la investigación.
La fiscalía alega un perjuicio de más de mil millones de pesos y había solicitado prisión preventiva para Jadue y Muñoz Becerra. Para Sendra, la fiscalía había pedido arresto domiciliario nocturno, arraigo y prohibición de acercarse a los coimputados. El abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, había solicitado que su defendido quedara sin ninguna medida cautelar.
El plazo investigativo se fijó en 120 días. Durante el proceso, la fiscal Herrera presentó pruebas del supuesto fraude al fisco, señalando que los fondos aprobados por el Concejo Municipal de Recoleta para adquirir insumos médicos en época de coronavirus se utilizaron para pagar deudas de Achifarp. También se acusó a Jadue de cohecho por solicitar una "bonificación" de productos a Best Quality a cambio de asegurarles contratos futuros.
En la causa también están imputados varios colaboradores y asociados, quienes han recibido diversas medidas cautelares, como arraigo y firma mensual. El tribunal seguirá con la formalización de otros imputados en los próximos días.
A la opinión pública, a los poderes del Estado y a la ciudadanía:
Desde la Asociación de Medios Digitales de Chile (AMDI-Chile), manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente al Proyecto de Ley contenido en el Boletín No. 17.484-07, actualmente en tramitación en el Senado, que propone sancionar con penas de cárcel a cualquier persona que difunda información vinculada a causas judiciales declaradas como reservadas.
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